Nos permitimos publicar el siguiente texto enviado por nuestro estimado colaborador Ramón Ojeda Mestre:
Ante los graves y recurrentes acontecimientos ambientales del país, que cada día más se alejan de la sostenibilidad, consideramos de importancia prioritaria modificar, desde sus bases mismas, la organización estatal mexicana que atiende los temas de los recursos naturales y del medio ambiente.
El poder público ha demostrado durante las últimas décadas una preocupante ineficacia para contener el muy grave deterioro de los ecosistemas del país, en parte, porque su propia estructura orgánica propicia dependencia de las razones del Estado y, en muchos casos, una vocación mercantilista que priva sobre los intereses de la mayor parte de la población, de la tutela de la biodiversidad y de la sostenibilidad.
El hecho de que los principales organismos encargados del cumplimiento de la justicia ambiental -y su gestión- sean órganos desconcentrados de una dependencia federal, habla por sí mismo de la falta de neutralidad y autonomía de quiénes debiesen velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano a favor de todos los habitantes del País.
En ese contexto, surge como impostergable, urgente y necesaria, una transformación radical de la organización del poder público en estos temas a favor de un modelo que se signifique por su autonomía de las decisiones del gobierno.
El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, son ejemplos de tendencias hacia la ciudadanización del ejercicio de las políticas públicas en temas vitales para la Nación.
Es por ello que hacemos un llamado a la sociedad mexicana para que desde todas sus trincheras se promueva una evolución de gran calado en las instituciones públicas relacionadas con el medio ambiente a fin de que los mexicanos tengamos órganos de vigilancia y gestión ambiental autónomos con amplia y plena participación ciudadana y a las instancias de gobierno, y en particular al Poder legislativo federal, a las instituciones de educación superior y a las organizaciones ciudadanas, a mostrar una apertura y elevación suficientes para coadyuvar diligentemente a este propósito.
Para el centenario de la Constitución del próximo año 2017, esto deberá quedar consolidado.
“Por una verdadera justicia ambiental en defensa de la sostenibilidad”
La Ribera, Baja California Sur, 14 de enero de 2016.
Responsable de la Publicación Maestro Rolando Cañas Moreno Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental A.C.